
A pesar de la creencia popular de que la legalización testamentaria (probate) es un proceso temido que nadie quiere afrontar, puede ser un recurso valioso para asegurar que su patrimonio se transmita según lo previsto. Con una planificación cuidadosa y el asesoramiento adecuado, ¡la legalización no tiene por qué ser una mala experiencia después de todo!
Entender el concepto de legalización testamentaria
La legalización testamentaria es el proceso mediante el cual se transfiere la propiedad de los bienes tras el fallecimiento de una persona. A través de este procedimiento crucial de titulación, se identifica a los beneficiarios y los herederos legítimos pueden tomar posesión de los activos legados.
¿Existe un testamento y última voluntad?
Cuando el difunto ha dejado un testamento, este se presenta ante las autoridades pertinentes y se nombra a un albacea para gestionar los asuntos del patrimonio. Asimismo, se notifica a los acreedores y a las personas interesadas en el proceso para garantizar la equidad en todo momento. Si alguien desea impugnar los términos establecidos en dichos documentos, debe hacerlo dentro de los plazos temporales establecidos para que su voz sea escuchada.
Impugnar un testamento puede ser difícil; sin embargo, existen circunstancias bajo las cuales la impugnación es válida. Estas incluyen la falta de capacidad testamentaria (es decir, que el difunto no era consciente o no comprendía lo que hacía al firmar el documento), la influencia indebida de otra persona que pudo haber ejercido presión o manipulación durante su creación, y la ejecución impropia debido a discrepancias como la falta de testigos o la presencia de personas inhabilitadas en el momento de la firma.
Cuando una persona fallece sin dejar un testamento válido, la ley estatal determina al heredero o herederos legítimos de su patrimonio. Por lo general, se da preferencia primero a los hijos y demás descendientes del difunto, seguidos de los padres, antes de considerar finalmente a los hermanos y otros parientes. Aunque existen variaciones en las leyes de los distintos estados respecto a los derechos de herencia de los cónyuges, la mayoría les otorga al menos una tercera parte de la propiedad de todos los bienes restantes tras el fallecimiento.
Aunque algunos puedan asumir que el cónyuge supérstite hereda automáticamente todos los bienes del fallecido, esto no siempre es cierto cuando hay hijos de por medio. Los activos de propiedad conjunta pasarán inmediatamente al copropietario vivo tras el fallecimiento; sin embargo, cualquier otro activo suele gestionarse a través del tribunal de sucesiones para que los herederos y acreedores presenten sus reclamaciones. Contrariamente a la creencia popular, si no hay testamento, la propiedad no pasa directamente a ser titularidad del Estado, sino que permanecería en manos de los familiares más cercanos por consanguinidad o matrimonio.
Examen de la mala reputación de la legalización testamentaria
La legalización testamentaria ha ganado una reputación desfavorable debido a los honorarios profesionales incurridos. Para el proceso de liquidación del patrimonio se contrata a un albacea y, posiblemente, a asesores como abogados o contables, cada uno con derecho a una compensación por los servicios prestados. Dichas funciones pueden extenderse mucho más allá de la legalización en sí; se deben contabilizar los impuestos federales y estatales, además de otros asuntos de importancia en nombre del patrimonio del difunto.
Las estructuras de cobro de los abogados que llevan casos de legalización testamentaria pueden variar de un estado a otro en los EE. UU. En algunos estados, los abogados pueden cobrar un porcentaje del valor total del patrimonio como honorarios, mientras que en otros pueden cobrar una tarifa por hora o una tarifa fija.
Es importante que las personas que buscan un abogado para llevar un caso de legalización testamentaria comprendan las diferentes estructuras de honorarios permitidas en su estado y discutan estos acuerdos con el abogado elegido antes de firmar cualquier contrato. Esto puede ayudar a garantizar que ambas partes estén de acuerdo con los honorarios previstos y puede ayudar a evitar malentendidos o disputas más adelante en el proceso.
